Cristina Fernández de Kirschner nacionaliza el 51% de YPF en Argentina


Se cumplieron los peores presagios para la multinacional petrolera con el anuncio realizado esta misma tarde por parte de la presidenta del gobierno argentino, Cristina Fernández de Kirschner, por el cual se ha declarado “de interés público” la producción de hidrocarburos.

De esta forma toma carta de naturaleza la cacicada al más puro estilo peronista que va a permitir al Ejecutivo del país austral el tomar el control del 51% de las acciones de YPF, la filial de Repsol en dicho país, tras cuatro meses de acusaciones infundadas y de una campaña infame de calumnias por parte de la Presidenta argentina hacia Repsol, responsabilizando a la petrolera española de una caída en la producción por falta de inversión. Una mera excusa para nacionalizar de nuevo la empresa española, al menos en su división austral.

Sin embargo y pese a los esfuerzos diplomáticos y políticos, acelerados desde el pasado jueves por parte del Gobierno de Rajoy y de la Comisión de Competencia de la Unión Europea, en un ejercicio de irresponsabilidad política y económica, Cristina Fernández de Kirschner ha llevado a cabo su amenaza y tomará el control de la filial de la petrolera española en Argentina, aun cuando hasta hace bien poco, nuestro Ministro de Industria, José Manuel Soria, llegó a afirmar que la cosa estaba “bien encauzada”.

De momento, la primera medida que ha adoptado la dirigente argentina ha sido la designación de su Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y al Vicepresidente de Economía, Axel Kicillof, al frente de la operación como interventor de YPF y su gestión dará comienzo este mismo lunes.

Esta medida, además de injusta y absolutamente arbitraria, deja en muy mal lugar al gobierno argentino, que manda un mensaje de falta de seriedad ante sus compromisos bastante peligroso de cara a los inversores internacionales. Pero es que además este ejercicio de populismo, lejos de ser barato le puede resultar muy caro a las arcas argentinas puesto que deberán pagarán un justiprecio por ese paquete accionarial inicialmente designado por ellos,  frente al que cabe recurso por parte de Repsol ante la Corte argentina, en caso de que la compañía dirigida por Antoni Brufau no lo considerase adecuado.

De esta forma, Argentina recupera por las bravas Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una de las joyas de la corona del gobierno argentino hasta su privatización en 1998 y su adquisición, previo pago de su importe, por parte de Repsol, lo que dio lugar a la creación de una de las tres empresas petroleras  más importantes del mundo.

De momento, la primera consecuencia del anuncio de la expropiación de YPF por parte del gobierno argentino ha sido la caída del precio de las acciones del gigante energético en el parquet de la Bolsa de Buenos Aires en torno al 10% por acción, así como una bajada paulatina de la cotización en la Bolsa de Madrid de más de un 20% desde que empezaron los primeros rumores de expropiación. Falta saber cómo afectará a nuestros mercados esta  noticia, dado que el anuncio de la expropiación se ha hecho una vez que la Bolsa de Madrid ya estaba cerrada. Por tanto es una incógnita saber si los inversores castigarán aún más los títulos de Repsol o si, por el contrario, darán por amortizada la expropiación ya oficialmente anunciada por el gobierno argentino.

Pero por si fuera poco, Repsol puede encontrarse con otro problema añadido, tal y como anuncia El Confidencial.com, un problema de gravísimas consecuencias. Nos referimos al posible impago de 1.542 millones de euros por parte del Grupo Petersen, un grupo inversor argentino “recomendado” por el anterior presidente argentino, el difunto marido de la actual presidenta, Néstor Kirschner para introducir capital argentino en el accionariado de YPF.

Para facilitar la entrada de la familia Eskenazi, propietarios del citado grupo, Repsol tuvo que financiar la compra del 25% de la filial argentina, que además ahora vale un 40% menos de lo que pagó este grupo inversor.

En un primer momento, Antoni Brufau pactó la venta de un 14,9% del capital de YPF por 2.235 millones de dólares, de los cuales la multinacional española le prestó 1.016 millones de dólares (785 millones de euros). Esa operación incluía una opción de compra de un 10% adicional a los cinco años, lo que se produjo a principios de 2011 por valor de 1.310 millones de dólares. De nuevo Repsol tuvo que financiar parte de esta operación con un segundo préstamo de 626 millones de dólares, lo que unido a otras líneas de crédito que Repsol le dio al Grupo Petersen para otras operaciones, han dejado la deuda actualmente en 1.542 millones de euros.

El problema ha venido ahora porque Repsol y los Eskenazi pactaron el pago de estos préstamos con cargo a dividendos, de manera que ambos acordaron repartirse el 90% de los beneficios de YPF, algo que desgraciadamente no podrá hacerse ya que, con la expropiación, no habrá reparto de dividendos porque el decreto de expropiación lo prohíbe expresamente.

Ahora la patata caliente está en manos del Ejecutivo español que tendrá que defender con uñas y dientes el patrimonio de Repsol, una empresa que es santo y seña de nuestras multinacionales que, pase lo que pase, sufrirá un tremendo golpe. Esperemos que Rajoy su gobierno utilicen todos los mecanismos legales, tanto a nivel nacional como supranacional, en forma de sanciones y embargos comerciales tanto propios como de la Unión Europea para que exista un mínimo de seguridad jurídica en Argentina.

Así, si finalmente se ha de vender YPF, que se haga pero con total transparencia, equidad y, sobre todo, sin menoscabar los intereses de los miles de accionistas, pequeños y grandes, que tienen importantes inversiones de capital en Repsol.

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