El Plan PIVE, Hacienda y los concesionarios: La otra realidad del plan del Gobierno


Ya hemos contado en varias ocasiones que el Plan PIVE está siendo la última tabla de salvación a la que el sector de la automoción y, más concretamente, el de los Concesionarios, parecía haberse agarrado para salvar un año que se preveía catastrófico.  Sin embargo, no es oro todo lo que reluce pues, si no hace mucho os informábamos de las consecuencias fiscales que traía consigo acogerse a este Plan gubernamental para los clientes finales, hoy nos encontramos con otro problema, en este caso para los concesionarios.

Así pues, el Plan PIVE establece que la subvención prevista de 2.000 euros se abonará por el Estado a los concesionarios. Ahora bien, para que un concesionario pueda ser beneficiario de estas ayudas, el Plan estipula que se encuentre al día con Hacienda y que tenga sus cuentas en orden.

El problema -que tiene su epicentro en la Comunidad Valenciana– ha surgido porque entre un 60 y un 70%  de los concesionarios de dicha región no han podido acogerse todavía a este programa, bien por encontrarse afectados por un concurso de acreedores o bien por el hecho de no estar al día en sus pagos de la Seguridad Social y Hacienda.

Esta situación ha sido puesta de manifiesto por Manuel Palma, el actual representante para la Comunidad Valenciana de Faconauto, la Patronal de los concesionarios españoles, que señaló que “si no estás al día con el Fisco, no te puedes dar de alta como colaborador”.

Esta crisis está siendo especialmente virulenta en la citada región española, por lo que son muy pocos los concesionarios valencianos que puedan tener sus cuentas mínimamente en orden para adherirse al Plan. No obstante, lejos de criticar esta medida, Palma señaló que “es algo positivo que aquellos que no tengan las cuentas claras no compitan con los que sí las tienen, ya que esto generaría una competencia desleal”.

En este sentido, el representante de Faconauto ha denunciado una práctica prohibida que se está dando en algunos concesionarios (y no sólo en territorio valenciano) por la que el concesionario factura al cliente final por la totalidad del importe del vehículo (sin descuentos) y le garantiza al comprador que, en cuanto reciba por parte del Gobierno los 2.000 euros procedentes del Plan, se los ingresarán. Advierte Manuel Palma que “esta práctica es ilegal, ya que los concesionarios estamos obligados a descontar el dinero del precio. Además, la mayoría de estos negocios no se han adherido al programa, por lo que esos clientes nunca van a recibir ese dinero del Estado”.

Por último, lo que sí es reseñable se que con el Plan PIVE no ocurrirá lo mismo que pasó en su día con el Plan 2000E y los problemas que tuvieron muchos concesionarios para cobrar ventas generadas cuando ya no quedaban fondos para el mismo. En este sentido, cuando el vendedor solicite introducir un vehículo en el Plan, se le comunicará si está a tiempo de hacerlo o si, por el contrario, ya se han agotado ya las líneas disponibles para esta partida (en concreto 75.000 millones de euros).

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