- Uno de cada cinco talleres en España es ilegal
- Paso adelante en la lucha contra la piratería en los talleres
La crisis de estos últimos años, unido a una política de precios en ocasiones disparatada-especialmente en los servicios y talleres oficiales- ha provocado un auténtico boom de reparadores ilegales, conocidos como «piratas», que se ha convertido en un auténtico cáncer para el sector.
En concreto, dos de las más importantes del sector – ANFAC y Ganvam– han elaborado una Proupesta de Actuación para la Erradicación de Talleres Ilegales, que han presentado recientemente ante el SEPRONA de la Guardia Civil para combatir la actividad ilegal de este tipo de negocios.
Los talleres ilegales, ruinosos para las arcas públicas
En dicha propuesta, las citadas asociaciones han cifrado en más de 3.500 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la actividad ilegal de los talleres piratas en España.
Estos centros ilegales representan ya al 20% del total del sector, esto es un total de nada menos que 10.000 negocios de posventa que actúan al margen de las reglas del mercado, sin atender a los criterios técnicos de calidad de industria. consumo y Medioambiente. Y lo más importante, descuidando las más elementales obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ni la normativa medioambiental.
De hecho, ante la imposibilidad de controlar fiscalmente a dichos establecimientos, ANFAC y Ganvam han calculado en su propuesta un agujero tributario de 230 millones de euros anuales, que dejarían de ser ingresados en las arcas estatales no sólo procedentes del fraude en el IVA sino también de la evasión de los impuestos derivados de su propia actividad, como son los IRPF e Impuesto sobre Sociedades.
Y es que, al margen del consabido «¿con factura o sin factura?» que tanto se estila en nuestro país, existe un claro perjuicio para el consumidor final, al que la ausencia de título justificativo de la reparación (factura o presupuesto), no existe posibilidad alguna de ejercitar sus derechos ante los Tribunales y asociaciones de consumidores ante posibles problemas.
Por no hablar de la ausencia de legalidad desde el punto de vista laboral. Por regla general, los trabajadores que prestan sus servicios en estos talleres carecen de contrato, lo que supone un flagrante delito contra los derechos de los trabajadores. Por no hablar del fraude a la Seguridad Social, establecido en torno a 112,5 millones de euros de euros cada año, ya que, de media, estos talleres cuentan en sus plantillas con al menos dos trabajadores.
No sólo importa el dinero
Junto a toda esta problemática, que se puede evaluar desde un punto de vista contante y sonante, en forma de lo que en Derecho se conoce como «lucro cesante», es decir, todo aquello que se ha dejado de ingresar debido a esta actividad ilícita, existen otra serie de problemáticas como consecuencia de esta competencia desleal cuyo cómputo en términos económicos resulta casi imposible pero igualmente reseñable.
La Propuesta habla del riesgo para la Seguridad Vial que supone este tipo de reparaciones., en tanto que no es posible garantizar que los vehículos han sido tratados por el profesional adecuado y, por tanto, tampoco se puede garantizar la existencia de una reparación segura.
Pero también cabe hablar del impacto medioambiental de un negocio incapaz de garantizar el cumplimiento de la normativa de gestión y reciclaje de los más de 38 tipos de residuos que genera habitualmente la actividad del taller.
De hecho, muchos de estos residuos, como por ejemplo el aceite de los motores, suelen acabar directamente en las alcantarillas próximas, con el consiguiente «atentado ecológico» que ello supone.
La necesidad de un plan de acción urgente
La proliferación de talleres ilegales en estos últimos años ha venido a agravar la ya de por sí difícil situación que atraviesa el sector de la postventa, muy castigada ya por la caída en las matriculaciones acumulada en estos últimos años (en torno a un 60%) y el envejecimiento del parque. En los últimos siete años, la facturación en el sector de la reparación retrocedió en cerca de un 30%, lo que explica que más de 6.200 talleres hayan tenido que echar el cierre en este tiempo.
Concretamente, este sector –que aporta el 1,2% del PIB- ha perdido entre 2007 y 2013 más de 12 millones de reparaciones anuales, como consecuencia, por un lado, del déficit de matriculaciones que ha reducido en un 40% la cuota de vehículos menores de cinco años, considerados como los más rentables para el taller. Por otro lado, influye negativamente la creciente antigüedad del parque. Cerca de un 50% supera los 11 años, lo que se traduce en menos pasos por el taller, limitando las entradas a las reparaciones estrictamente necesarias, como son las averías mecánicas.
En la reunión mantenida por el SEPRONA junto a representantes de Ganvam, por medio de su presidente Juan Antonio Sánchez Torres, y de ANFAC, a través de su vicepresidente ejecutivo Mario Armero, ambas asociaciones han solicitado la puesta en marcha de un plan de acción específico, con el objetivo de luchar contra las reparaciones ilegales, a través de la coordinación de los Ministerios de Interior, Hacienda y Trabajo.
Entre las medidas propuestas, el plan defiende centralizar las ventanillas de denuncias en el Ministerio de Interior, de manera que sea esta cartera la que se coordine con las autonomías para resolver cada caso, evitando, como sucede actualmente, que muchas de las situaciones planteadas en las asociaciones regionales queden sin resolver ante la falta de recursos de las comunidades autónomas.
Además de definir claramente el papel de los actores implicados en la resolución de cada caso (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Seprona, Agencia Tributaria, Trabajo), el plan precisa de un calendario de inspecciones regionales derivadas de las denuncias, que comience en las áreas geográficas con mayor actividad ilegal.
Además, también se contempla la necesidad de intensificar los controles de los vehículos que no superen la ITV, de manera que en la nueva revisión el conductor presente una factura o certificado del taller alegando la reparación de los defectos del coche, lo que al menos garantizaría que la operación se ha realizado en un centro legamente establecido. Para introducir esta exigencia, sería necesario modificar el Real Decreto que regula la Inspección Técnica de Vehículos y también la normativa de talleres estatal.
Por último, se incluye la puesta en marcha de un plan de concienciación social que transmita e informe a la opinión pública a cerca los perjuicios de acudir a estos talleres pirata, tanto desde el punto de vista socioeconómico como medioambiental.
Fuente: Posventa.info
El Cuentakilómetros 