El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la posibilidad de multar sin parar al conductor ordenada por el Ayuntamiento de la capital


Nuevo varapalo a las ansias recaudatorias del Ayuntamiento de Madrid, puestas en marcha desde el año 2010 por parte del consistorio madrileño, entonces dirigido por el actual Ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón.

Así pues, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de dictar una sentencia que, sin duda, dará mucho que hablar ya que ha anulado el artículo 99 d) de la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de la capital. Esta normativa permitía a los Agentes municipales notificar una denuncia a un conductor sin detenerle, siempre y cuando el denunciante se encontrara realizando labores de regulación de tráfico y careciera de medios para proceder a la persecución del vehículo infractor.

Esta medida fue denunciada en su día y recurrida ante el Alto Tribunal por la asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). El argumento jurídico presentado por AEA se basaba en que la Ley de Seguridad Vial, en su artícul0 76, no se contempla esta causa para no poder notificar en el acto una denuncia y la sentencia actual viene a darles la razón, anulando dicha Ordenanza, precisamente por excederse en su contenido con respecto a lo estipulado en el articulado de la Ley de Seguridad Vial.

De este modo y pese a que, en principio, toda denuncia ha de ser notificada en persona al infractor y en el momento mismo de la infracción, la Ley admite la posibilidad de que un infractor no sea sancionado en el mismo momento de la infracción. Sin embargo, el motivo argumentado por el Ayuntamiento de Madrid en su Ordenanza superaba las excepciones establecidas en el espíritu y en la letra de una norma jerárquicamente superior, como es la Ley de Seguridad Vial.

Estas excepciones contempladas por Ley de Seguridad Vial a la obligatoriedad de detener al infractor para notificarle la denuncia son, esencialmente, las siguientes:

– Que la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la circulación pero, aun así, en este supuesto el agente debe indicar los motivos concretos que la impiden.

– Cuando, estando el vehículo estacionado, el conductor no esté presente

– Cuando la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo.

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AEA denuncia la ilegalidad de algunas multas por exceso de velocidad


La Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha denunciado que, desde el pasado 25 de mayo, fecha de entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico, tanto la DGT como los servicios autonómicos vasco y catalán de tráfico (así como numerosos Ayuntamientos) están imponiendo sanciones que, en muchos casos, triplican la cuantía legalmente prevista y están detrayendo más puntos de los contemplados en la Ley de manera totalmente ilegal.

Así pues, como ha declarado el presidente de AEA, Mario Arnaldo, la razón de esta grave ilegalidad se encuentra en la errónea interpretación que distintas administraciones con competencia en materia de tráfico están haciendo de la nueva Ley de Tráfico, ya que el nuevo cuadro de sanciones previsto en su Anexo IV se está aplicando directamente sin tener en cuenta los márgenes de error que la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología obliga a aplicar en las mediciones de velocidad obtenidas por los radares.

Así pues, y en base a la Orden Ministerial 3699/2006, de 22 de noviembre, del Ministerio de Industria, se ha de contemplar necesariamente un margen de error máximo del 4%  para los radares fijos y de un 7% para los radares móviles, para mediciones superiores a 100 kms/h.

Por poner un ejemplo, el margen de error máximo que podría tener un radar móvil que captara un vehículo circulando a 155 kms/h con límite de 120 kms/h sería de 10,8 kms/h, lo que nos daría un exceso neto de 24 kms/h. Por lo tanto, la sanción debería tomar como base los 144 kms/h ya descontado el margen de error y no los 155 kms/h marcados en el radar.

Esto provocaría -y de hecho así está pasando- que, en lugar de imponerse la sanción de 100 euros prevista para los que se exceden en 24 kms/h del límite de 120, se está aplicando el tramo sancionador superior,  de 300 euros y la pérdida de 2 puntos del permiso de conducir, contemplada para un exceso de 35 kms/h.

Miles de multas por exceso de velocidad son ilegales, según AEA

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Los delitos contra el Tráfico pueden dejarnos sin coche


Pues sí, tal y como anticipa en primicia en su web la Asociación de Automovilistas Asociados (AEA), merced a una reforma del Código Penal que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados, la comisión de determinados delitos contra el Tráfico, en concreto los derivados de una conducción con exceso de velocidad, de alcohol o por conducir sin carnet, podrían dejarnos literalmente sin coche.

Así pues, según la nueva redacción que se le quiere otorgar al nuevo artículo 385 bis del Código Penal, se contemplaría la pérdida y el decomiso de los vehículos utilizados en todos los delitos contra la Seguridad Vial.

Está medida sólo estaba prevista para el delito contemplado en el artículo 381 del Código Penal, relativo a los conductores llamados “kamikazes”. Sin embargo con la reforma propuesta esta medida se ampliaría a todos los delitos contra la Seguridad Vial previstos en el Capitulo V, algo que la Asociación considera una medida francamente desproporcionada.

Nosotros compartimos esa misma visión ya que consideramos que, además de desproporcionada, esta medida va a traer problemas no sólo legales sino también de tipo logístico y burocrático, a menos que la reforma venga acompañada de una regulación adicional que permita definir claramente qué hacer con los coches decomisados así como todo el papeleo derivado de este tipo de trámites.

Asimismo estamos de acuerdo con la opinión de la AEA, que considera que esta medida excedería del espíritu que la propia figura jurídica del decomiso representa. Recordemos que el decomiso es una pena accesoria que consiste en la pérdida de los efectos o instrumentos utilizados en la comisión del delitos, con el único fin de anular cualquier ventaja personal o patrimonial que pudiera obtener el delincuente con el fruto del delito.

No apreciamos, sin embargo, qué ventaja personal o patrimonial le podría reportar a una persona el haber excedido un límite de velocidad o haber conducido bajo los efectos del alcohol. De este modo, y ajustándonos al concepto jurídico de “decomiso”, tampoco entendemos qué sentido tendría incautar el coche al infractor.

Esta figura jurídica, que históricamente ha venido siendo recogida en toda la legislación penal española, tiene sentido en delitos como el narcotráfico o la prostitución pero dudamos que sea eficaz para delitos contra la seguridad vial por más que, viendo cómo conducen algunos o en qué estado, hayamos deseado ver fuera de las carreteras a algún indeseable en más de una ocasión.

Por eso y como bien dice Mario Arnaldo, presidente de la Asociación, lo ideal sería optar no ya por el decomiso sino, en todo caso, por el depósito del coche, de modo que cuando el infractor hubiese cumplido su condena, éste pudiese recuperar la titularidad de su vehículo.

Lo que está claro es que esta cuestión no es en absoluto baladí en tanto en cuanto, de resultar aprobada la medida, la AEA estima que podría afectar al menos a 50.000 conductores al año, un dato ciertamente preocupante, por lo que esperamos que esta reforma no sea tomada a la ligera por el legislador.

Circular bajo los efectos del alcohol podría dejarnos sin coche

El Multómetro


Desde la prestigiosa asociación automovilística AEA (Automovilistas Europeos Asociados) hoy ha llegado a mis manos un interesante gráfico, sencillo pero muy clarificador, para conocer de manera actualizada y rápida, a cuánto se cotiza el kilo de kilómetro por hora de exceso en el caso de que un radar nos cace circulando por encima de la velocidad permitida.

Deseo que no os veáis en ninguna de las circunstancias del gráfico, pero si no ha sido posible espero al menos que este gráfico te permita estar orientado acerca del importe de la “receta” que el Sr. Pere Navarro te hará llegar a casa en breve.

Una última cosa importante que debes saber y es que esta reglamentación no tiene validez en los territorios autonómicos del País Vasco y Cataluña ni tampoco en los Ayuntamientos ya que los criterios sancionadores son distintos. Para más información dirígete directamente a la web de AEA, donde tendrás toda la información necesaria.