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Aunque sabemos que el mundo de la corrupción política ha alcanzado límites difícilmente sospechables en nuestro país, hay que reconocer que lo que ha ocurrido en el consistorio madrileño de Villanueva de Perales sobrepasa todo lo imaginable en lo que a picaresca y corruptela se refiere.
Ahora que la DGT va a hacer pública la ubicación de todos sus radares, tanto fijos como móviles y además tendrá que señalizar su presencia, el Ayuntamiento de la citada localidad ha instalado uno completamente nuevo y del que sólo se ha conocido porque comenzaron a llegar ingentes cantidades de denuncias a sus convecinos por exceso de velocidad.
Hasta aquí todo podría parecer normal. No en vano, la práctica de instalar radares en zonas destinadas únicamente al incremento de la recaudación municipal es, hasta cierto punto y por desgracia, algo habitual.
En el caso de Villanueva de Perales, sin embargo, es muy distinto. El nuevo radar fue ubicado en un semáforo sito en la carretera M-523 que, para más inri, sufría problemas de funcionamiento. Al parecer, el citado semáforo duraba muy poco en verde y menos aún en ámbar -en torno a un par de segundos- lo que le convirtió rápidamente en objeto de deseo recaudador a las autoridades municipales.
De hecho, desde que se instaló el citado radar, al menos 800 conductores fueron denunciados con diferentes sanciones económicas y la retirada de cuatro puntos del carnet de conducir.
Sin embargo, hubo un hecho que hizo despertar las primeras sospechas de que ahí se estaban produciendo irregularidades. Así, mientras que las sanciones económicas sí se hacían efectivas, nunca se procedía a la retirada de los puntos. Además, las sanciones procedentes de este semáforo eran notificadas en sobres con un formato diferente al habitual.
Pero esto no fue todo. La sorpresa saltó cuando se conoció que la instalación del controvertido radar se había hecho en una ubicación para la que el Ayuntamiento no sólo no tenía competencias sino que además pertenecía a una zona de competencia exclusiva de la DGT. Y lo que es peor, la instalación del dispositivo se hizo a espaldas de las autoridades de Tráfico.
A raíz de este grave descubrimiento, tanto la Oposición municipal como algunas asociaciones vecinales comenzaron rápidamente a indagar en los pormenores de esta instalación y el resultado fue sorprendente.
El verdadero escándalo fue mayúsculo cuando, además de confirmarse que era ilegal, se supo que el dinero recaudado iba a a parar directamente a una cuenta bancaria abierta por el propio alcalde y en la cual no figura ningún interventor de la Comunidad de Madrid, como estipula la ley.
El titular del consistorio, César Muñoz Mateos (PSOE) se ha limitado a confirmar la veracidad de la información. Eso sí, haciendo hincapié en que el radar de la discordia se instaló “con el único objetivo de mejorar la Seguridad Vial y evitar posibles accidentes”.
Asimismo,tanto el alcalde como el grupo socialista han negado cualquier tipo de afán recaudatorio y además han arremetido contra la Oposición por el uso partidista de lo ocurrido.
Sin embargo, respecto al tema de la cuenta bancaria en la que figura el nombre del alcalde sin que haya un interventor de la Comunidad de Madrid, afirman que se debe a una “situación circunstancial” , imputando la responsabilidad a la propia administración autonómica por no haber mandado a nadie todavía para que cumpliese con dicha función.
Lo que sí se conoce es que, debido a la gravedad del escándalo, el consistorio está empezando a recular. Al parecer, desde el Ayuntamiento ya se habría empezado a dar marcha atrás en la tramitación de estas denuncias, hasta el punto que, como han informado algunas plataformas vecinales, ya se están conociendo casos de vecinos a los que se les ha notificado el sobreseimiento de sus denuncias, incluso sin haberlas recurrido.
